Las asociaciones Foro Liberal, la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles, el Club Liberal Español, La Rosa Blanca, Hazte Oír, Cuba en Transición, Profesionales por la Ética, Coruña Liberal, Foro Aragón Liberal y Convivencia Cívica Catalana, una vez conocido que el anteproyecto de “Ley de Economía Sostenible” pretende liquidar derechos inherentes a las personas como la libertad de expresión, la libertad de mercado, así como la Justicia (violando la presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva), con el fin de otorgar privilegios feudales a una industria obsoleta, tecnófoba y caduca que se resiste a introducir los cambios necesarios para adaptarse al progreso, han elaborado el siguiente manifiesto en defensa de la libertad y los derechos civiles que invitan a suscribir a cuantos ciudadanos y asociaciones o movimientos cívicos quieran.

Consideramos que

1.- Los derechos de autor no son más que el argumento esgrimido por el gobierno para instaurar la censura y liquidar la libertad de expresión. No estamos en una batalla contra los creadores sino en una lucha por la defensa de nuestras libertades y derechos civiles.
2.- Los derechos de autor y propiedad intelectual no pueden vulnerar en ningún caso derechos fundamentales de los ciudadanos ni se puede admitir que en su nombre se liquide la Justicia.
3.- La libertad de expresión o información no puede, en una sociedad abierta, quedar en manos de una comisión administrativa que decida qué blogs/webs tienen derecho a existir y cuáles no. Y tal es la medida que el gobierno ha introducido en el despojo legal llamado “Ley de Economía Sostenible”, al articular la Sección Segunda (SS), que será una comisión formada por personas designadas por políticos que decidirá qué contenidos son admisibles y cuáles no.
4.- Un aumento de la libertad en el intercambio de información nunca podrá ser alcanzado por vías políticas, sino por el desarrollo de nuevas técnicas de comunicación. Internet ofrece por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de comunicar de ciudadano a ciudadano de forma multimedial. De esta manera los propietarios de los medios de comunicación tradicionales -claramente influenciables por lobbies políticos y/ó gubernamentales- pierden su posición de monopolistas y “guardianes” de la información. Los periodistas profesionales han de hacer frente a la competencia nacida en internet, la cual ya es herramienta efectiva a la hora de verificar la veracidad de las afirmaciones periodísticas.
Entendemos que desde la Ley de Economía Sostenible se pretende, sobre todo, salvaguardar los derechos y privilegios de quienes de forma tradicional han contribuído al establecimiento de vías políticamente adecuadas a sus propios intereses y no al servicio de la veracidad informativa.
5.- Los enlaces en ningún caso constituyen un delito, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones los tribunales españoles y existe un derecho a copia privada que desde el gobierno, sometido y entregado a lobbies de presión, se quiere criminalizar. Los internautas son “piratas”, se afirma desde el poder y sus terminales mediáticas.
6.- El intercambio libre y voluntario de archivos (como de libros o de discos) no sólo no es un delito, sino que tipificarlo como tal es un atentado contra la libertad de los ciudadanos.
7.- Como se afirmaba en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por cientos de miles de ciudadanos, “intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo”.
8.- El modelo propuesto por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevará, por el cada vez mayor desapego de los ciudadanos hacia ellos y lo que a día de hoy representan, a la ruina a unos creadores, cuyo derecho de creación vulnera esta ley, engañados por sus cada vez más acaudaladas entidades de gestión. Además, al introducir inseguridad jurídica, resultará notablemente dañina entre los empresarios del sector.

Por todo ello

1.- Exigimos la inmediata retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible y la dimisión de las ministras responsables de la comisión de este atentado contra la libertad de los ciudadanos, Elena Salgado y Ángeles González-Sinde.
2.- Así mismo exigimos la inmediata retirada del canon digital, por criminalizar a los ciudadanos presuponiendo que van a cometer un delito e imponiendo un impuesto, otro más, sobre la población para así mantener a los privilegiados por la casta política.
3.- Que se modifique la legislación para que las entidades de gestión de derechos de autor dejen de poder ejercer presiones intolerables sobre los ciudadanos y que se auditen de forma inmediata las cuentas de todas estas entidades.
4.- Animamos a los ciudadanos a difundir este manifiesto por cualesquiera medios estén a su alcance y a darle la máxima difusión a nivel nacional e internacional, así como a colaborar en cualquier iniciativa puesta en marcha en contra de la “Ley de Economía Sostenible”.