Las concentraciones sindicales que se celebran hoy contra los empresarios –aunque se camuflen de manera diferente— son un despropósito cuando España se encuentra sumida en la recesión, con cuatro millones de parados y un déficit público que llegará al 10%. Y las consultas independentistas en 161 municipios de los 946 catalanes, a las que están convocados hasta 700.000 ciudadanos (ya se produjeron el jueves votaciones en Vic y en San Cugat del Vallés), es una auténtica frivolidad. El sistema económico y el modelo de Estado, en el alero. Pero estos acontecimientos que componen un fin de semana para los anales de la historia de los despropósitos, son la consecuencia de errores anteriores y encadenados.
Comenzaron cuando se negó la crisis –era sólo una desaceleración— y se disparó después el gasto público para contenerla, y cuando el presidente del Gobierno y el PSOE se comprometieron a una reforma del Estatuto de Cataluña que excedió los límites constitucionales. La coyuntura negativa se ha ido transformando en una estructura política y económica ineficiente. Ahí está el fracaso del anteproyecto de ley de Economía Sostenible y la negativa perspectiva para el rating español que ha lanzado S&P, respaldado por el Banco Central Europeo e instancias bancarias españolas.
Los problemas que afligen a nuestra política exterior –secuestro de cooperantes españoles por Al Qaeda del Magreb Islámico— y el terrible caso de Aminetu Haidar-, ponen la guinda a una gobernanza que no llegará a este paso al 2012, y que de alcanzar esa fecha habrá dejado al país en una condiciones ínfimas tanto económicas como sociales y políticas.
La disidencia de los socialistas catalanes
Pero, insisto, la legislatura no llegará a su conclusión si, como parece, el Tribunal Constitucional dicta sentencia contra aspectos importantes del Estatuto de Cataluña, después de que la presidenta Casas haya dado pistas sobre las limitaciones constitucionales de obligada observancia y la decisión de que sea la actual composición de TC y no otra renovada la que dicte la resolución. Los socialistas están tratando por todos los medios de crear un clima de confianza acerca del carácter meramente simbólico de determinadas previsiones estatutarias, lanzando a los medios a personas de acreditada solvencia como José Álvarez Junco (“El TC puede perfectamente aceptar la definición de Cataluña como nación recogida en el estatuto. De ella no se derivan necesariamente consecuencias soberanistas”) autor de Mater Dolorosa, una de las historias más polémicas sobre el alumbramiento de España como nación. La Iglesia catalana también ha echado su cuarto a espadas y el cardenal Sistach ha pedido “respeto a la identidad nacional catalana”.
Habrá sentencia en los próximos meses y será convulsiva para los nacionalistas catalanes
Pero semejantes argumentos persuasivos no están impactando en los magistrados del TC. Habrá sentencia en los próximos meses y será convulsiva para los nacionalistas catalanes, pero también para el PSC que, muy estratégicamente, ha comenzado una “refundación de su ideario” del que saldrá el programa marco del socialismo catalán para la década 2010-2020. Y aquí está el meollo de la cuestión: una sentencia que deje al aire al tripartito podría quebrar –y así lo aseguran miembros del PSC— el apoyo de los diputados socialistas catalanes en el Congreso (nada menos que 27) al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Bastaría que se produjese esa fisura interna –hay que recordar que el PSC ya formó grupo parlamentario propio— para que el Presidente del Gobierno se vea compelido a convocar elecciones anticipadas.
Rodríguez Zapatero está al borde de su resistencia política, y una sentencia del TC sobre el Estatuto que le haga hostil a las fuerzas políticas catalanes le remataría tras el gancho en el hígado que le ha propinado el rechazo generalizado a su anteproyecto de Economía Sostenible. Las encuestas le son desfavorables al PSOE (las del diario Publico, de La Razón e incluso la de la revista socialista Temas, que le otorga al PP una ventaja de más de cinco puntos, todas ellas publicadas estos últimos días) y tenderán a serlo aún más si el deterioro político y social continúa y en el PP se van reduciendo las contradicciones internas y limándose fallos (la inasistencia de los presidentes autonómicos populares a la celebración del aniversario de la Constitución no tiene excusa), al tiempo que se va conformando una discurso programático ambicioso en las reformas y valiente en las decisiones a tomar.
Pero, con éstos o aquellos matices, esta legislatura boquea casi asfixiada y la salva, como era de suponer, el compromiso europeo de la presidencia española de la UE, muy disminuida tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que ha permitido la elección de un presidente permanente del Consejo y de la Alta Representante de la Unión para la política exterior. Ni en ese aspecto ha tenido suerte Rodríguez Zapatero, porque su figura entre el 1 de enero y el 30 de junio en la UE será secundaria y a las cumbres no asistirán ya ni los ministros de Asuntos Exteriores. Por eso, y por unos cuantos años de mal gobierno, la legislatura no da más de sí, y sólo cabe dejar que transcurra hasta que un acontecimiento provoque su defunción. A cuyo borde ya estamos, en situación comatosa y desesperanzada, como reconocen hasta los más acreditados hooligans del zapaterismo.
