Las falacias de un ministro 'inquieto'
EL MINISTRO DE JUSTICIA, que desde su nombramiento se había mostrado más prudente que su antecesor en sus manifestaciones públicas, ha roto su silencio en diversos medios y se ha explayado sobre el Estatuto de Cataluña y la lenta espera de la sentencia del Tribunal Constitucional. Francisco Caamaño asegura sentir «inquietud» por el retraso del fallo del Alto Tribunal sobre la norma legal más polémica de los últimos años. Una opinión que, viniendo del ministro de Justicia, bien pudiera interpretarse como una forma de presión sutil al tribunal. Sin embargo, esta primera consideración no es lo más importante de sus palabras. Lo verdaderamente grave es su pronunciamiento sobre el contenido del Estatuto en lo que se refiere a su encaje constitucional.
En efecto, el titular de Justicia parece haber asumido el papel de defensor a ultranza de los artículos más polémicos, lo cual por cierto no es de extrañar, puesto que fue él, en su etapa de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el encargado de redactar el texto que aprobó el Congreso intentando disimular -sin lograrlo, a nuestro juicio y el de muchos expertos- los aspectos de la norma del Parlamento catalán que claramente rebasaban la Carta Magna.
En su defensa del Estatuto recurrido, el ministro de Justicia desliza una serie de falacias que no dejan de serlo por el hecho de que él se considere con autoridad para decidir lo que es o no es constitucional. Dice Caamaño que las tensiones a las que ha dado lugar el texto catalán son propias de «cualquier Estado de tipo federal». Sorprende semejante afirmación en un jurista, puesto que España no es constitucionalmente un Estado federal, por mucho que el funcionamiento del sistema autonómico, en la práctica, pueda asemejarse al federalismo. Casi resulta sonrojante tener que explicar a un ministro que un Estado federal es la consecuencia de la unión de algunos estados que ceden parte de la soberanía que les es propia. Caamaño no se queda sólo en la filosofía, sino que desciende a la práctica asegurando que el Estatuto lleva dos años en vigor y no se ha roto la unidad de mercado ni ha pasado nada excepcional desde el punto de vista de la unidad de España. Lo primero es discutible y en cuanto a lo segundo, claro que han pasado y están pasando cosas excepcionales, como que Cataluña disponga de una relación bilateral con el Estado o que las leyes del Parlamento catalán estén blindadas en relación con la legislación común. Sin olvidar lo que podría pasar en el futuro si el preámbulo del texto, reconociendo la soberanía del pueblo catalán, pasa el filtro del TC. Igualmente falaz resulta la afirmación del ministro de que los catalanes no tienen derechos distintos del resto de los españoles. El recientemente aprobado modelo de financiación autonómica demuestra que los ciudadanos de Cataluña sí tienen derechos distintos a los de otras autonomías. Y qué decir de la cuestión lingüística. Los catalanes carecen del derecho del resto de los españoles a escolarizar a sus hijos en la lengua que deseen. Ello venía siendo así en la práctica y con el Estatuto adquiere carta de naturaleza legal.
Con este explícito pronunciamiento de Caamaño sobre el fondo de un asunto pendiente del fallo del TC, el Gobierno asume una defensa beligerante del Estatuto catalán. Lo cual indica que estamos, como dice el presidente de la Audiencia Nacional, ante una sentencia «trascendente porque hará una nueva interpretación de la Constitución». Sólo cabe esperar que no se confirmen los temores de que esa «interpretación» de la que habla Ángel Juanes sea distinta e incluso contraria a la doctrina que ha permitido el funcionamiento del Estado desde la aprobación de la Constitución.
fuente:http://www.elmundo.es/
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