El ministro Francisco Caamaño asegura que el Gobierno está preocupado ante el retraso del TC porque lleva aplicándose dos años, no ha pasado nada y ni se ha roto el mercado.
16 de agosto de 2009
Caamaño lamenta que el "Estatut" se haya visto sometido a "un debate excesivamente beligerante y casi traumático".
Caamaño lamenta que el "Estatut" se haya visto sometido a "un debate excesivamente beligerante y casi traumático".
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró sentir "inquietud" por el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no haya dictado una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña tres años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad, aunque afirma que "hay otras muchas leyes que están pendientes de resolución desde hace seis y siete años".
En una entrevista con la agencia Europa Press, Caamaño señala que "la media" de tiempo que necesita el Pleno del TC para dictar sus sentencias "excede con mucho los tres años" y añade que la resolución sobre el Estatut será "la más compleja de su historia" porque, a su juicio, "va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías y hacia donde pueden o no evolucionar". "¿Que a mí me gustaría que ya tuviésemos la sentencia del Estatut? Sin duda, pero soy consciente de la dificultad y de la complejidad de esa sentencia", señala el ministro tras expresar su confianza en que el TC haga "una buena interpretación de la Constitución, aunque luego, políticamente, la resolución guste más a unos o a otros".
Tensiones como en cualquier Estado federal
Caamaño también se muestra convencido de que el modelo autonómico establecido en 1978 conlleva que en España "siempre se van a vivir tensiones, como en cualquier estado de tipo federal, entre el centro y la periferia".
"Habrá ciclos en los que por la situación económica, social o política, dentro de los márgenes de la Constitución, el Estado se hará más centralista y habrá momentos en los que sea más descentralizado. Esa es la forma de vivir democrática de nuestro sistema", sostiene. Por eso, considera que "quien no esté de acuerdo" con la interpretación de la Carta Magna que realice el alto tribunal en su sentencia sobre el Estatut lleve a las Cortes Generales un proyecto para "cambiar" los artículos con los que no esté de acuerdo.
Voto de Casas y renovación del TC
Sobre la posibilidad de que fuera la presidenta del TC, María Emilia Casas, la que pudiera decantar con su voto de calidad la orientación de la sentencia en favor de la constitucionalidad del Estatut, Caamaño señala que no existe "un problema de mayorías de calidad ni de mayorías más amplias o menos amplias", ya que "cualquier tribunal ha de legitimarse por el peso de sus sentencias y por la capacidad de explicación y de convicción de sus decisiones".
Caamaño subraya asimismo que "la política se mueve por criterios de oportunidad y el derecho por criterios de razonabilidad". Preguntado por la renovación de magistrados que el TC debería abordar después de que se dicte la sentencia, asegura que los senadores socialistas están "abiertos" a la negociación de nuevos candidatos y señala que, si esta medida todavía no se ha llevado a la práctica, es porque los dirigentes del PP "sólo han presentado dos candidatos", en referencia implícita al ex presidente del Supremo, Francisco Hernando, y al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López.
Un debate casi traumático
Durante la entrevista, Caamaño también lamenta que el Estatut se haya visto sometido a "un debate excesivamente beligerante y casi traumático" que derivó en la convocatoria de "una especie de referéndum exótico" por parte del PP. De igual modo, destaca que esta norma "lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada excepcional".
"Ni se ha roto la unidad de mercado, ni los catalanes tienen derechos distintos a los que tenemos el resto de los españoles. Es decir, se ha vivido y seguiremos viviendo con absoluta normalidad y es paradójico que un estatuto tan manifiestamente inconstitucional, según dicen, y que iba a acabar con toda la estructura de nuestro país ya esté aplicándose todos los días y no haya habido consecuencias tan dramáticas, como algunos nos han querido vender", afirma. En este contexto, destaca que tras el de Cataluña se aprobaron otros estatutos "absolutamente iguales". "Todos tienen derechos, preceptos en materia de financiación, comisiones bilaterales Estado-comunidades autónomas y cláusulas y ampliaciones de competencias, y resulta que el único que es manifiestamente inconstitucional es el de Cataluña, cuando además tiene 60 artículos literalmente iguales al Estatuto de Andalucía", concluye.
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