LAS DURAS críticas que ayer cruzaron Rubalcaba y Rajoy son inusuales en pleno mes de agosto y pronostican un otoño caliente. Tanto el Gobierno como el PP tienen motivos para el reproche, pero mucho más los populares, a los que en esta escalada de tensión sólo cabe objetar su error de denunciar que han sido objeto de espionaje, algo que no han podido probar.
La acusación de Rajoy al Ejecutivo de que está haciendo un uso partidista del Estado para machacar políticamente al PP no sólo tiene base cierta: es algo que salta a la vista. Es una realidad avalada por los números que, desde que Zapatero llegó a La Moncloa, la Fiscalía Anticorrupción ha puesto su punto de mira en los populares. Como ya desvelamos la semana pasada, por la veintena de detenidos vinculados al PSOE se ha arrestado en este tiempo a más de 40 del PP.
Las alarmas saltaron en Génova con la puesta en escena del caso Gürtel, calculada al milímetro para perjudicar al PP e imposible de concretar sin la colaboración de alguna de las instituciones del Estado. Cuando el TSJ valenciano decidió archivar esta causa en la parte que afectaba a esta Comunidad, la vicepresidenta De la Vega se adelantó sospechosamente desde Costa Rica al propio fiscal general para anunciar que habría un recurso del Ministerio Público. Y a los dos días saltó el caso Palma Arena. No asistimos pues a un hecho aislado -como clamó ayer Rajoy interrumpiendo sus vacaciones-, sino ante un asunto que calificó de «Inquisición» y que crea «verdadera alarma social»».
El ministro del Interior se limitó a lanzar balones fuera al ser preguntado por los abusos y arbitrariedades cometidas en las detenciones en Palma. Sólo dijo que el delegado del Gobierno de Baleares ha abierto una investigación, como si averiguar quién dispuso que los detenidos fueran exhibidos antes las cámaras, esposados de dos en dos y por la mano derecha para no poder ocultar los grilletes, requiriera de grandes y dificultosas pesquisas. Desde luego, no basta con echar la culpa a un comisario. El responsable debe ser destituido y la opinión pública tiene que recibir las explicaciones pertinentes.
Rubalcaba también acusó ayer a los populares de tratar de extender con sus denuncias una cortina de humo para tapar sus problemas. Pero puestos a tratar de desviar la atención, el Gobierno tiene tantos motivos o más que la oposición, empezando por su impotencia manifiesta para atajar los efectos de una crisis económica que ya le pasa factura. Casualidad o no, la cacería al PP ha coincidido con la derrota del PSOE en las elecciones europeas y con el primer sondeo del CIS que sitúa al PP por delante del PSOE en intención de voto.
A lo único que en realidad puede agarrarse el Gobierno para atacar al PP es a la torpeza de sus dirigentes de denunciar sin pruebas que han sido objeto de escuchas. Aunque Trillo dijo ayer que su partido tiene una grabación que demostraría el espionaje, no parece que el material pueda ser ni mucho menos concluyente. Es, por tanto, un error que tendrá que asumir el PP. También parece desmedida la crítica de Ayllón, secretario general del grupo popular en el Congreso, que comparó las explicaciones de Rubalcaba con las del Gobierno de González para negar su relación con la trama de los GAL.
Pero que los populares hayan cometido errores no cambia el asunto de fondo: que están siendo objeto de una persecución sin precedentes en la que han participado órganos del Estado. El grave deterioro del sistema democrático que eso supone aconseja, como ayer pidió Rajoy, una explicación urgente en el Congreso del Gobierno y del fiscal general. No hacerlo sólo contribuirá a ahondar en el desprestigio de las instituciones.
fuente: elmundo.es
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