Griñán se dirige a Arenas durante el pleno del Parlamento. | Fernando Ruso 'número dos' del PSOE-A advierte al PP: 'Donde las dan, las toman'
C. Torres / M. Mª Becerro / A. Salvador
Sevilla El Partido Popular e Izquierda Unida anunciaron ayer la presentación de sendas iniciativas para exigir una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre la concesión de una subvención de 10 millones de euros , firmada por el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, a la empresa apoderada por su hija Paula , Minas de Aguas Teñidas. Desde finales de 1995, cuando se abortó en su fase de conclusiones la investigación de un crédito condonado a Chaves y a otros dirigentes socialistas gaditanos, no se ha constituido ninguna comisión de investigación en el Parlamento autonómico, por lo que la requisitoria de los dos partidos de la oposición en Andalucía tiene pocas posibilidades de prosperar.
Ayer mismo se rechazó la penúltima comisión, solicitada por el PP a raíz de las investigaciones de la Fiscalía de Sevilla por la denuncia de unos empresarios, que grabaron a altos cargos del Ayuntamiento hispalense solicitando una comisión de 300.000 euros a cambio de la gestión de una subvención de la Junta de Andalucía para montar una escuela de hostelería.
Los socialistas arremeten contra Arenas y lo vinculan al 'caso Gürtel' La petición de los populares ya está registrada en el Parlamento y hoy se sumará la de Izquierda Unida, que solicita la comisión de investigación por la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta por parte de Chaves. El portavoz de la coalición, Pedro Vaquero, dijo ayer, en declaraciones a este periódico, que su formación quiere que se esclarezcan las responsabilidades políticas y jurídicas derivadas de la concesión de la ayuda. A pesar de la insistencia de la oposición, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, evitó ayer asumir cualquier compromiso durante la sesión de control al Gobierno autonómico. Por dos veces, el líder de la oposición andaluza, el popular Javier Arenas, le pidió expresamente que aclarara si está dispuesto a facilitar la investigación de la millonaria ayuda concedida a Matsa, la empresa apoderada por Laura Chaves Iborra, pero Griñán no contestó. Ni siquiera defendió la legalidad del proceso de adjudicación, ni reivindicó la "talla moral y ética" -como hizo el miércoles el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler- del hombre que lo designó como sucesor al frente del Gobierno andaluz hace apenas dos meses. Griñán 'deja tirado' a Chaves El mutismo de Griñán, según el PP, significa que "deja tirado" a Chaves. "Ayer por la tarde [por el miércoles], no apareció durante la comparecencia de Soler, porque le daría vergüenza, y hoy no le dedica ni un segundo a hablar de este asunto. Está claro que se desmarca del ex presidente de la Junta porque no ve muy limpia la operación", resaltó el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz.
La vergüenza derivaría de las acusaciones vertidas por el titular de Innovación contra Arenas, vinculándolo directamente a la trama de corrupción de Gürtel e, incluso, insinuando que podría existir una pieza reservada en la investigación judicial en marcha.
El PP anunció que interpondrá una querella criminal contra Martín Soler, porque el consejero se dedicó durante el debate parlamentario a lanzar "falsedades" y "mentiras" contra el presidente del PP-A, con graves "imputaciones, injurias y calumnias". En concreto, el consejero aludió a ayudas concedidas por el Gobierno de Aznar a una eléctrica de la familia de Arenas en Olvera (Cádiz). "La única respuesta ante ello sólo puede ser una querella", sentenció el secretario general del PP andaluz.
El PP denuncia en el Parlamento regional la 'política de familia' del PSOE andaluz
Mientras tanto, la actividad parlamentaria se endurecía. Pocas veces se han visto debates tan tensos en la Cámara andaluza. Las preguntas presentadas por el PP sobre los casos de "enchufismo y corrupción" en instituciones gobernadas por el PSOE, especialmente las diputaciones, se saldó con una amenaza del flamante consejero de Gobernación, Luis Pizarro, a la sazón vicesecretario general del PSOE andaluz: "Los señores diputados del PP están hablando mucho de familia. Nosotros sabemos también cosas de la familia del Partido Popular, así que tengan ustedes cuidado por dónde entran porque, donde las dan, las toman. Insisto, donde las dan, las toman".
El consejero negó así la denuncia del PP de que la Diputación de Cádiz intentó ocultar el nombramiento de su mujer en 2004 como cargo de confianza anunciándolo dentro del servicio de compras. Pizarro insistió en que su esposa ya no trabaja en la Diputación y acusó al PP de sacar a la luz estas contrataciones "porque Arenas tiene que tapar la corrupción a la que estaba sometido su partido cuando era secretario general".
La portavoz del PP, Esperanza Oña, preguntó por la contratación de la mujer de Pizarro y denunció que la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, "valiéndose de unos estatutos franquistas", ha expulsado a los miembros del PP, que representan al 70% de la población de la zona.
Tras la respuesta de Pizarro, contraatacó la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, que hizo una descripción de "la política de familia" del PSOE en las diputaciones, donde "se contrata a ex alcaldes, mujeres e hijos de ex alcaldes y hasta amigas de mujeres de los alcaldes".
Entre casos de enchufismo citó a la mujer y al hijo de Pizarro, destacado dirigente del clan de Alcalá de los Gazules, al que también pertenece el padre de la "ministra del aborto" (Bibiana Aído), alto cargo de la Diputación de Cádiz, donde intenta convertir en funcionarios a 267 contratados laborales, :http://www.elmundo.es
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