¡Buenos días, Sr. Xxxx
Ahora que en España llevamos casi un año sin Gobierno y los parlamentarios cobrando, y mucho aferrándose a la silla como las dos Ritas (Barberá y Maestre), cobra fuerza la tesis de que la culpa de la corrupción no la tiene la sociedad sino los políticos.
Porque ésa es otra. Los políticos tienden a dejar la pelota en el tejado del ciudadano y decir que si en la cosa pública hay corruptos es porque han salido de la sociedad civil.
Y es cierto que un ministro o un concejal no surgen por generación espontánea sino que proviene de la sociedad civil, y que ésta lleva décadas sumida en el relativismo y el “todo vale”.
Pero no es menos cierto que quienes hacen las leyes son los políticos, no los ciudadanos. Que fueron ellos los que, por poner un caso muy gráfico, politizaron el Poder Judicial o convirtieron el Fiscal General del Estado en Fiscal General del Gobierno (adivina para qué…). O se sacaron de la manga, sin necesidad, la Ley de Memoria Histórica; o las leyes de Ideología de Género, también sin necesidad, sin que los ciudadanos lo pidiéramos. Ergo…
Los políticos tienen mucha culpa de la corrupción (aunque no toda). Por acción, como hemos señalado, o por omisión. Por mirar a otro lado. ¡Cuántos casos tenemos de gobernantes (ministros, alcaldes, concejales) que miraron para otro lado mientras el dinero cambiaba de manos, enriquecían a unos en detrimento de otros, o servía para financiar ilegalmente a partidos!
El último gran caso que hemos conocido es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, con Chaves y Griñán silbando disimuladamente mientras se consumaba el mayor caso de corrupción política. La Fiscalía calcula en 741 millones de euros la cantidad de fondos públicos desviados en el expolio andaluz.
El Partido de los Cien años de Honradez lleva décadas empeñado en desmentir ese eslogan. Desde los primeros casos de corrupción, que afloraron en los años 90, cuando Felipe González copó todo el poder (es lo que tiene, copar todo el poder), como el affaire Filesa hasta el escándalo de los ERE.
Todo un régimen, el socialismo andaluz, se ha basado durante décadas en la compra de voluntades. Se puede decir que, al menos en Andalucía, la corrupción no ha sido algo episódico sino el modus vivendi.
Y ahora viene la segunda parte… quién dimite? Casi nadie. Para que lo hagan poco menos que tiene que venir un agente con las esposas y una orden judicial. En España no hay costumbre de dejar el cargo en el momento en que aparece la sospecha o la acusación –aunque un tribunal no haya dictado sentencia-.
No hemos aprendido de los países nórdicos, por ejemplo, que una cosa son las responsabilidades políticas y otras las judiciales. En Europa un ministro puede dimitir por haber plagiado una tesis. Algo que nada tiene que ver con la gestión política del ministro. Pero tiene que ver con algo esencial en democracia: la confianza. ¿Te fías de un señor que hace trampas para prosperar en su carrera? No hablamos de delitos, sino de confianza.
El ministro Soria lo entendió muy bien y se fue a su casa, y sólo por unas explicaciones poco claras respecto a los papeles de Panamá. Pero otros muchos políticos siguen aferrados a su silla como si fueran tornillos humanos, por asuntos y conductas más graves.
Javier Torres ha hecho un barrido entre los distintos partidos y ha preparado un informe sobre los cargos que deberían seguir los pasos del ex ministro del PP.
Algunos están sólo acusados –y no hay aún condena judicial- pero otros tienen sobre su cabeza una bonita sentencia. Y ahí los tienes, riéndose del ciudadano. Te ofrezco en exclusiva, como suscriptor, el informe que publicaremos el próximo lunes.
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¡Hasta el sábado que viene!
Alfonso Basallo y la Redacción de Actuall.
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¿El costo de la recuperación? Vayan sumando: sólo en la descontaminación de la zona, la Consejería de Agricultura y Pesca de la comunidad andaluza se gastó 47 millones de euros, la de Medio Ambiente más de 24 y la de Salud algo más de 2 millones. Aparte hay que sumar el coste de la regeneración hasta quedar como el “corredor verde” que pretende que sea la Junta de Andalucía. 
Como lo leen. Once años después, los trabajadores de la empresa continúan sin haber recibido ninguna compensación por el despido y la Junta de Andalucía sin cobrar ni un euro de lo que le costó recuperar la zona. Es más, Boliden no se cansa de repetir que no piensan pagar “ni un céntimo”y que, por mucho que lo intenten, “no les podrán embargar ningún bien”. Como única explicación, lanzan una velada amenaza: si pretenden hacer efectiva esa sanción descubrirán a los verdaderos responsables de la tragedia.
Y yo me pregunto: ¿a qué espera el fiscal para tomar cartas en el asunto e investigar qué fue lo que realmente ocurrió? Me da igual si el fiscal es de Sevilla, de Madrid o de donde sea, pero el tema se tiene que aclarar de inmediato y si los culpables son de la Junta, que les exijan responsabilidades y si son los de la empresa sueca, que se le exija a través de los organismos internacionales correspondientes (que para eso estamos en todos y nuestro dinero nos cuesta) el pago íntegro de la deuda y de los intereses de demora.