El Editorial de El Mundo

Una mala política de empleo público

11.08.2009

MIENTRAS más de un millón de personas pasaban a engrosar las filas del paro en 2008, ese mismo año la Administración del Estado contrataba para tareas administrativas a un 3% de empleados más que el año anterior. A tenor del informe del Ministerio de Economía publicado ayer sobre contratación pública, si algo queda claro es que el presidente Zapatero ha conseguido que haya un sector que no está en crisis: el de la Administración.
Resulta harto elocuente observar la evolución histórica de la contratación de empleados públicos. Mientras ésta había caído de forma imparable desde los años 90, la tendencia se invirtió justo en 2004, con la llegada de Zapatero a La Moncloa. Desde entonces, el número de trabajadores en la Administración del Estado no ha dejado de crecer: en cinco años lo ha hecho en 65.000 personas. Y eso pese a que el presidente del Gobierno anunció hace ahora un año que la oferta de empleo público se iba a reducir en un 70% en 2009. Pero si fue incapaz de parar esa espiral ya entonces, es difícil pensar que pueda cumplir su compromiso al acabar el presente ejercicio. Otro dato significativo es que el Gobierno no se haya atrevido a congelar el salario de los funcionarios en un año tan crítico para la economía.
Esta política de aumentar los contratos en la Administración dispara el déficit público y obliga a exprimir aún más las arcas públicas en un momento en el que éstas se desangran. No sólo se han desbocado los gastos a cuenta de la cobertura social de los parados, sino que otras urgencias como el plan de rescate de la banca o el plan de fomento de empleo han obligado a hacer desembolsos fuera de lo común. A todo ello hay que añadir los recursos que habrá que destinar para la nueva financiación autonómica. La conclusión es que se está hipotecando el futuro del país.
El análisis sobre los contratos de personal en la Administración durante 2008 revela también que su crecimiento ha sido desigual. Por ejemplo, aumentó el número de altos cargos en un 7,6%, lo que confirma la querencia de los políticos por multiplicar sin tasa el personal a su cargo. Pero el informe muestra también que la cifra de empleados creció en todas las áreas de la Administración General del Estado a excepción de Justicia, donde cayó un 5%, lo que viene a demostrar que ha sido un apartado descuidado por el Gobierno. Aunque es cierto que el Ejecutivo dice estar dispuesto a rectificar aquí, ha tenido que producirse primero una huelga de jueces y un cambio de ministro.
Pero si es preocupante la política de la Administración central, es innegable que las comunidades autónomas y los ayuntamientos están repitiendo sus errores, aumentando la contratación y el número de cargos con una visión clientelista de la función pública. Todo ello ha provocado que, como ya puso de manifiesto la Encuesta de Población Activa a principios de año, el número de empleados públicos supere en España por primera vez en la historia los tres millones, lo que equivale a decir que casi uno de cada cuatro trabajadores es un asalariado de las Administraciones del Estado.
Hay que decir claramente que no sólo es un disparate que el Gobierno siga incrementando el número de trabajadores públicos sin plantearse siquiera un nuevo Estatuto de la Función Pública -que introduciría racionalidad en este ámbito y permitiría disponer de sistemas más flexibles de contratación-, sino que se puede mantener el Estado del bienestar sin necesidad de incrementar los recursos en personal todos los años, como ha logrado demostrar Sarkozy en Francia