El empadronamiento de De la Vega en Valencia fue
irregular, según la Justicia
- Pide la dimisión a Fernádez de la Vega 'por haber mentido' al empadronarse
- La sentencia antepone la libertad de información sobre el derecho al honor
- Según el fallo, 'no cabe deducir que fuera ilícito', pero sí 'irregular'
- La vicepresidenta del Gobierno deberá pagar las costas de los dos juicios
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de María Teresa Fernández de la Vega contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons por intromisión al derecho al honor. La vicepresidenta primera del Gobierno deberá pagar las costas de los dos juicios.
El dirigente 'popular' acusó a De la Vega de empadronarse 'irregularmente' en el municipio valenciano de Beneixida semanas antes de encabezar las listas del PSOE por la provincia de Valencia en las Generales de 2008. Además, afirmó que la vicepresidenta y su familia dieron un 'pelotazo' al beneficiarse de la reclasificación de unos terrenos en esta misma localidad.
La juez del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid ya desestimó la demanda contra el vicesecretario de Comunicación el pasado mes de marzo, aunque la vicepresidenta recurrió entonces el fallo.
En Valencia, González Pons ha expresado su satisfacción por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que prevalece el derecho a la libertad de expresión: "La sentencia es definitiva y María Teresa Fernández de la Vega ha sido condenada a pagar las costas de los dos procedimientos".
Carácter 'irregular'
El fallo niega cualquier que exista una "falta de deber de diligencia" y "manipulación de los hechos" en las afirmaciones de González Pons y asegura que "a los efectos que nos ocupan" es doctrina judicial "que no se exige que la información resulte absoluta y total, sino que la esencia es que el hecho sea veraz, aun con inexactitudes". El tribunal resume sus consideraciones en el siguiente texto: "No cabe deducir que el empadronamiento de la autora fuera ilícito o ilegal, ni que ésta [en alusión a De la Vega] se beneficiase ilegítimamente de la operación urbanística, ni que existiese tráfico de influencias y trato de favor urbanístico en el Ayuntamiento de Beneixida, pero no es menos verdad que de la prueba pericial practicada se infiere tanto el carácter irregular de reiterado empadronamiento -con una particular interpretación de 'residencia habitual'- con la que tuvo lugar así el beneficio patrimonial obtenido por la demandante en virtud de la reclasificación y posterior urbanización de sus terrenos, que luego fueron vendidos".
Según precisa, fue citado a declarar un familiar de la vicepresidenta, que reconoció que llevó a cabo este empadronamiento haciendo uso de los poderes que le había otorgado De la Vega sin que ésta le especificara los motivos.
Asimismo, el tribunal considera que el término 'pelotazo', con el que González Pons calificó la venta de suelo en Beneixida, tampoco atenta contra el honor de la vicepresidenta porque se refiere únicamente "un enriquicimiento fácil y rápido mediante operaciones puramente especulativas".
Operación urbanística
En el análisis de las pruebas, se comprueba que el suelo agrícola pasó de un precio inicial de 9 euros por metro cuadrado a entre 70 y 100 euros, tras su reclasificación como industrial. La familia obtuvo por la venta un beneficio próximo a los 72.000 euros.
González Pons ha destacado que "gracias a la Justicia, en Valencia y para los valencianos, David a vencido a Goliath". Por ello, ha exigido disculpas a la vicepresidenta por pretender "por aparentar lo que no era, valenciana" con su empadronamiento. "Ya que no vive en Beneixida que se empadrone en Madrid", ha afirmado.
El vicesecretario de Comunicación del PP todavía ha ido más allá en sus críticas: "Si tiene dignidad suficiente que dimita por mentir y por agotar la vía judicial porque no tenía sentido". "Es un triunfo de la libertad de expresión".
Según el dirigente popular, De la Vega "nunca ha dormido en la vieja casa abandonada de Benixida y nunca dormirá. Tiene que ser la primera en cumplir la ley en España. Por incumplir la ley e intentar que los tribunales callaran a un parlamentario de la oposición hay razones suficientes para que dimita".
- Pide la dimisión a Fernádez de la Vega 'por haber mentido' al empadronarse
- La sentencia antepone la libertad de información sobre el derecho al honor
- Según el fallo, 'no cabe deducir que fuera ilícito', pero sí 'irregular'
- La vicepresidenta del Gobierno deberá pagar las costas de los dos juicios
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de María Teresa Fernández de la Vega contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons por intromisión al derecho al honor. La vicepresidenta primera del Gobierno deberá pagar las costas de los dos juicios.
El dirigente 'popular' acusó a De la Vega de empadronarse 'irregularmente' en el municipio valenciano de Beneixida semanas antes de encabezar las listas del PSOE por la provincia de Valencia en las Generales de 2008. Además, afirmó que la vicepresidenta y su familia dieron un 'pelotazo' al beneficiarse de la reclasificación de unos terrenos en esta misma localidad.
La juez del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid ya desestimó la demanda contra el vicesecretario de Comunicación el pasado mes de marzo, aunque la vicepresidenta recurrió entonces el fallo.
En Valencia, González Pons ha expresado su satisfacción por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que prevalece el derecho a la libertad de expresión: "La sentencia es definitiva y María Teresa Fernández de la Vega ha sido condenada a pagar las costas de los dos procedimientos".
Carácter 'irregular'
El fallo niega cualquier que exista una "falta de deber de diligencia" y "manipulación de los hechos" en las afirmaciones de González Pons y asegura que "a los efectos que nos ocupan" es doctrina judicial "que no se exige que la información resulte absoluta y total, sino que la esencia es que el hecho sea veraz, aun con inexactitudes". El tribunal resume sus consideraciones en el siguiente texto: "No cabe deducir que el empadronamiento de la autora fuera ilícito o ilegal, ni que ésta [en alusión a De la Vega] se beneficiase ilegítimamente de la operación urbanística, ni que existiese tráfico de influencias y trato de favor urbanístico en el Ayuntamiento de Beneixida, pero no es menos verdad que de la prueba pericial practicada se infiere tanto el carácter irregular de reiterado empadronamiento -con una particular interpretación de 'residencia habitual'- con la que tuvo lugar así el beneficio patrimonial obtenido por la demandante en virtud de la reclasificación y posterior urbanización de sus terrenos, que luego fueron vendidos".
Según precisa, fue citado a declarar un familiar de la vicepresidenta, que reconoció que llevó a cabo este empadronamiento haciendo uso de los poderes que le había otorgado De la Vega sin que ésta le especificara los motivos.
Asimismo, el tribunal considera que el término 'pelotazo', con el que González Pons calificó la venta de suelo en Beneixida, tampoco atenta contra el honor de la vicepresidenta porque se refiere únicamente "un enriquicimiento fácil y rápido mediante operaciones puramente especulativas".
Operación urbanística
En el análisis de las pruebas, se comprueba que el suelo agrícola pasó de un precio inicial de 9 euros por metro cuadrado a entre 70 y 100 euros, tras su reclasificación como industrial. La familia obtuvo por la venta un beneficio próximo a los 72.000 euros.
González Pons ha destacado que "gracias a la Justicia, en Valencia y para los valencianos, David a vencido a Goliath". Por ello, ha exigido disculpas a la vicepresidenta por pretender "por aparentar lo que no era, valenciana" con su empadronamiento. "Ya que no vive en Beneixida que se empadrone en Madrid", ha afirmado.
El vicesecretario de Comunicación del PP todavía ha ido más allá en sus críticas: "Si tiene dignidad suficiente que dimita por mentir y por agotar la vía judicial porque no tenía sentido". "Es un triunfo de la libertad de expresión".
Según el dirigente popular, De la Vega "nunca ha dormido en la vieja casa abandonada de Benixida y nunca dormirá. Tiene que ser la primera en cumplir la ley en España. Por incumplir la ley e intentar que los tribunales callaran a un parlamentario de la oposición hay razones suficientes para que dimita".
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