|Barcelona | 11/10/2010 |
Catalunya se hunde lentamente en un cierto nihilismo político. O al menos eso es lo que sugieren los sondeos que indagan en el alma de un territorio que ha sido tradicional motor económico de España y abanderado de las libertades frente a la dictadura franquista. No es sólo que en los últimos tiempos la identidad de los catalanes experimente una cierta mutación, o que el respaldo a la independencia alcance récords históricos. Ahora, además, el apoyo a la democracia languidece en Catalunya, y aumenta –hasta suponer uno de cada cuatro catalanes– la cifra de ciudadanos que se muestran indiferentes ante el dilema entre democracia y dictadura, como si no apreciasen las visibles diferencias entre uno y otro régimen. Y esa es la imagen que, de forma sostenida, reflejan las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Es verdad que con la crisis económica, los escándalos de corrupción y la crispación política, las preferencias por la democracia a escala española han experimentado también un cierto declive. Concretamente, entre el 2000, cuando las preferencias alcanzaron su máxima cota, y el 2009 el descenso ha sido de siete puntos. Pero aun así, ocho de cada diez españoles –11 puntos más que en Catalunya– siguen considerando que "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno". Y por lo que respecta a los indiferentes sobre el tipo de régimen político, es cierto que en el conjunto de España representan ahora un 11% (la misma tasa que hace casi 25 años y cuatro puntos más que en el 2006), pero suponen la mitad que en Catalunya. Puestos a comparar periodos similares, mientras las preferencias por la democracia en España se han reducido en un punto desde el 2007, en Catalunya lo han hecho en ocho puntos.
Estos registros coinciden con las series de otros sondeos, los del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que reflejan una evolución similar. Por resumirla gráficamente, mientras en diciembre del 2007 más del 52% de los catalanes se mostraban satisfechos con el funcionamiento de la democracia, en junio pasado las magnitudes se habían invertido radicalmente: casi el 59% se mostraban poco o nada satisfechos con la democracia y menos del 39% emitían una opinión positiva. Lo cierto es que, tras una punta de satisfacción en abril del 2008 –justo después de las elecciones generales y con una tasa de satisfacción que rozaba el 54%–, las opiniones positivas no han hecho más que menguar, hasta igualarse con las negativas y quedar por detrás de ellas a partir de enero del 2009.
Finalmente, hay otro dato llamativo en las magnitudes catalanas, que surge de compararlas con las que registran otras autonomías. Así, por ejemplo, es cierto que la Comunidad Valenciana ofrece una de las tasas más altas de ciudadanos partidarios de una dictadura (11%), pero la cifra de valencianos que prefieren el modelo democrático supera en siete puntos la de catalanes, mientras que los indiferentes suponen allí menos de la mitad.
Y si la comparación se realiza con otras autonomías, como Andalucía o el País Vasco, los contrastes son aún más llamativos. En Andalucía, los partidarios de la democracia –los mismos que hace tres años– suponen 18 puntos más que en Catalunya. En cambio, los indiferentes representan 16 puntos menos.
Finalmente, en el caso de Euskadi las distancias con Catalunya son aún mayores, pese al manto de violencia terrorista que ha venido envolviendo a la sociedad vasca. Así, quienes en Euskadi prefieren la democracia suponen 21 puntos más que en Catalunya. Por el contrario, los partidarios de la dictadura representan cinco puntos menos en el País Vasco, y los indiferentes, 17 puntos menos.
A partir de ahí, las cifras de Catalunya –donde la desafección con la democracia se traduce en un cómputo extraordinariamente elevado de indiferentes– sólo pueden significar una cosa: las expectativas que viene ofreciendo el sistema democrático en el plano político –con especial mención al autogobierno– no se han cumplido en el caso catalán.
Estos registros coinciden con las series de otros sondeos, los del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que reflejan una evolución similar. Por resumirla gráficamente, mientras en diciembre del 2007 más del 52% de los catalanes se mostraban satisfechos con el funcionamiento de la democracia, en junio pasado las magnitudes se habían invertido radicalmente: casi el 59% se mostraban poco o nada satisfechos con la democracia y menos del 39% emitían una opinión positiva. Lo cierto es que, tras una punta de satisfacción en abril del 2008 –justo después de las elecciones generales y con una tasa de satisfacción que rozaba el 54%–, las opiniones positivas no han hecho más que menguar, hasta igualarse con las negativas y quedar por detrás de ellas a partir de enero del 2009.
Finalmente, hay otro dato llamativo en las magnitudes catalanas, que surge de compararlas con las que registran otras autonomías. Así, por ejemplo, es cierto que la Comunidad Valenciana ofrece una de las tasas más altas de ciudadanos partidarios de una dictadura (11%), pero la cifra de valencianos que prefieren el modelo democrático supera en siete puntos la de catalanes, mientras que los indiferentes suponen allí menos de la mitad.
Y si la comparación se realiza con otras autonomías, como Andalucía o el País Vasco, los contrastes son aún más llamativos. En Andalucía, los partidarios de la democracia –los mismos que hace tres años– suponen 18 puntos más que en Catalunya. En cambio, los indiferentes representan 16 puntos menos.
Finalmente, en el caso de Euskadi las distancias con Catalunya son aún mayores, pese al manto de violencia terrorista que ha venido envolviendo a la sociedad vasca. Así, quienes en Euskadi prefieren la democracia suponen 21 puntos más que en Catalunya. Por el contrario, los partidarios de la dictadura representan cinco puntos menos en el País Vasco, y los indiferentes, 17 puntos menos.
A partir de ahí, las cifras de Catalunya –donde la desafección con la democracia se traduce en un cómputo extraordinariamente elevado de indiferentes– sólo pueden significar una cosa: las expectativas que viene ofreciendo el sistema democrático en el plano político –con especial mención al autogobierno– no se han cumplido en el caso catalán.
