Zapatero sigue en la inocencia irresponsable
ZAPATERO cosechó ayer una gran ovación cuando prometió a sus parlamentarios en el Congreso y en el Senado que no habrá recortes del gasto social. El presidente anunció que el Gobierno va a a ampliar a 200.000 parados más la ayuda de 420 euros, lo que supondrá un gasto adicional de 500 millones de euros. Luego se fotografió con un grupo de niños de primaria y ambas situaciones le instalan en «la edad de la inocencia», cuando las fantasías no han dejado paso aún a las duras realidades.
Zapatero volvió ayer a insistir en que todas sus medidas han sido cuidadosamente previstas y en que tiene una agenda para sacar a España de la crisis. Sus palabras resultan muy difíciles de creer tras el penoso espectáculo del jueves pasado, cuando el Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propuesta de alargar el periodo de computo de las pensiones alegando que había sido un ejemplo.
La realidad es que Zapatero no ha abordado ninguna reforma estructural de la economía y que su plan para sanear las pensiones es una iniciativa a largo plazo que tiene que ser pactada con los partidos y los agentes sociales.
La calma con la que el Gobierno se ha tomado estas reformas contrasta con la actitud de instituciones como el Banco de España y los propios agentes sociales, que han empezado a coger el toro por los cuernos sin esperar a que el Ejecutivo salga de su permanente indecisión.
Resulta extraordinariamente importante para el saneamiento del sistema financiero la decisión del Banco de España de exigir a bancos y cajas que reduzcan en un 20% el valor contable de sus activos inmobiliarios. Ello va a suponer unas minusvalías de unos 20.000 millones de euros, pero a cambio tendrá la ventaja de devolver la confianza en la solvencia de nuestros bancos y cajas. Algunos de ellos, como el BBVA y el Popular habían empezado ya a sanear sus balances.
Unas cuantas cajas con excesiva exposición al sector inmobiliario pueden tener graves problemas con esta medida, pero es mucho mejor afrontar ahora el problema en el contexto de las fusiones que impulsa el Banco de España que esperar a que el tiempo lo resuelva.
Igualmente importante es el acuerdo de moderación salarial, firmado ayer entre las patronales y los sindicatos. El pacto supone que la subida de los convenios no superará el 1% este año y que en los dos ejercicios siguientes los sueldos subirán en una horquilla que no sobrepasará el 2,5%.
Dada la gravedad de la crisis, es posible que los agentes sociales tuvieran que haber ido incluso más lejos. Pero el acuerdo es razonable y crea un marco adecuado de confianza que puede ayudar a la recuperación de nuestra economía. Ello pone de nuevo la pelota en manos del Gobierno, que no ha tomado una decisión todavía sobre el incremento de los sueldos de los funcionarios, que el año pasado fue del 3,5%. En el programa de estabilidad, el Ministerio de Economía sugiere que habrá congelación salarial en 2010, pero no lo dice de forma explícita.
Da la impresión de que a Zapatero no le gusta adoptar medidas impopulares y retrocede cuando detecta una fuerte oposición a sus planes. Por ello, hay un justificado escepticismo sobre la voluntad real del Gobierno de recortar el gasto presupuestario en la cuantía en la que se ha comprometido. Los propios mensajes del presidente a su clientela corroboran que sigue sin tener clara una política para sacar a nuestro país de la crisis, lo que difícilmente se producirá sin esos ajustes que tanto está demorando. El Banco de España y los agentes sociales le han dado sendos ejemplos de por qué no puede seguir instalado en el limbo de la inocencia irresponsable.
Zapatero volvió ayer a insistir en que todas sus medidas han sido cuidadosamente previstas y en que tiene una agenda para sacar a España de la crisis. Sus palabras resultan muy difíciles de creer tras el penoso espectáculo del jueves pasado, cuando el Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propuesta de alargar el periodo de computo de las pensiones alegando que había sido un ejemplo.
La realidad es que Zapatero no ha abordado ninguna reforma estructural de la economía y que su plan para sanear las pensiones es una iniciativa a largo plazo que tiene que ser pactada con los partidos y los agentes sociales.
La calma con la que el Gobierno se ha tomado estas reformas contrasta con la actitud de instituciones como el Banco de España y los propios agentes sociales, que han empezado a coger el toro por los cuernos sin esperar a que el Ejecutivo salga de su permanente indecisión.
Resulta extraordinariamente importante para el saneamiento del sistema financiero la decisión del Banco de España de exigir a bancos y cajas que reduzcan en un 20% el valor contable de sus activos inmobiliarios. Ello va a suponer unas minusvalías de unos 20.000 millones de euros, pero a cambio tendrá la ventaja de devolver la confianza en la solvencia de nuestros bancos y cajas. Algunos de ellos, como el BBVA y el Popular habían empezado ya a sanear sus balances.
Unas cuantas cajas con excesiva exposición al sector inmobiliario pueden tener graves problemas con esta medida, pero es mucho mejor afrontar ahora el problema en el contexto de las fusiones que impulsa el Banco de España que esperar a que el tiempo lo resuelva.
Igualmente importante es el acuerdo de moderación salarial, firmado ayer entre las patronales y los sindicatos. El pacto supone que la subida de los convenios no superará el 1% este año y que en los dos ejercicios siguientes los sueldos subirán en una horquilla que no sobrepasará el 2,5%.
Dada la gravedad de la crisis, es posible que los agentes sociales tuvieran que haber ido incluso más lejos. Pero el acuerdo es razonable y crea un marco adecuado de confianza que puede ayudar a la recuperación de nuestra economía. Ello pone de nuevo la pelota en manos del Gobierno, que no ha tomado una decisión todavía sobre el incremento de los sueldos de los funcionarios, que el año pasado fue del 3,5%. En el programa de estabilidad, el Ministerio de Economía sugiere que habrá congelación salarial en 2010, pero no lo dice de forma explícita.
Da la impresión de que a Zapatero no le gusta adoptar medidas impopulares y retrocede cuando detecta una fuerte oposición a sus planes. Por ello, hay un justificado escepticismo sobre la voluntad real del Gobierno de recortar el gasto presupuestario en la cuantía en la que se ha comprometido. Los propios mensajes del presidente a su clientela corroboran que sigue sin tener clara una política para sacar a nuestro país de la crisis, lo que difícilmente se producirá sin esos ajustes que tanto está demorando. El Banco de España y los agentes sociales le han dado sendos ejemplos de por qué no puede seguir instalado en el limbo de la inocencia irresponsable.
