domingo, 22 de febrero de 2009
La corrupción cerca al PSOE de Madrid
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, acusado de un «pelotazo» urbanístico de 40 millones
Recalificaciones millonarias, contratos bajo sospecha y acoso laboral, entre los delitos de los que se les acusa.22 Febrero 09 - Madrid - Marta Palacio
No corren buenos tiempos en el PSOE madrileño. En los últimos días, sus principales espadas, concentrados en el llamado «cinturón rojo», han ido saltando a los periódicos acusados de corrupción, prevaricación o cohecho. Imputaciones, citaciones... han convertido los juzgados de los últimos bastiones del PSOE en Madrid en una pasarela de primeros ediles socialistas. De hecho, la comunidad se ha convertido en epicentro de las tramas de corrupción que salpican a los socialistas.
Corrupción en Pinto
El primero en sentarse en el banquillo fue el alcalde de Pinto. Fue el 2 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 7 de Parla, que investiga la «letra pequeña» del acuerdo de una moción de censura que arrebató la Alcaldía al PP el 22 de diciembre. Sus protagonistas: el actual alcalde socialista, Juan José Martín, IU, y el concejal independiente, Reyes Maestre, investigado por la Comisión del Pacto Antitransfuguismo.
Las informaciones publicadas en LA RAZÓN destaparon el telón de fondo de la maniobra: un desarrollo urbanístico llamado «Espacio del Motor», que prevé recalificar cinco millones de metros en los que varios promotores, apoyados por el PSOE, quieren construir un circuito de Fórmula 1 y 7.500 viviendas, acabando con casi todo el suelo libre. Las donaciones de promotores y constructores del municipio a una fundación ligada al PSOE, presuntos «favores» al concejal tránsfuga para ganar su voto y nombramientos «a dedo» han convertido a Martín y sus dos socios en imputados por presunta prevaricación, cohecho y corrupción.
Prevaricación en Getafe
También tendrá que rendir cuentas Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tras disculparse con los votantes del PP por llamarles «tontos de los cojones», deberá dar explicaciones a los suyos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Getafe ha abierto diligencias por la querella por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental en la permuta de unos terrenos para un campo de golf en Perales del Río.
En 2004, permutó 600.000 metros cuadrados de zona verde protegida por un terreno edificable. Y el juez ha de determinar si favoreció, con precios tres veces inferiores al mercado, a empresarios cercanos al PSOE, según la denuncia. Entre los implicados en este «pelotazo», con ingresos de 40 millones de euros, está el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, concejal de Hacienda del municipio en 2004; y uno de los beneficiarios de la permuta, Jesús Neira: uno de los principales promotores del municipio y ex edil de Urbanismo.
Pero no es la única querella contra Castro. Sobre él y su concejal de Vivienda pesa otra denuncia por manipulación de un sorteo de vivienda protegida, al pactar e incumplir con 600 cooperativistas de PSG su renuncia al sorteo a cambio de otras viviendas públicas.
Corrupción en Leganés
Afecta a uno de los ex alcaldes más fuertes del partido, José Luis Pérez Ráez; regidor durante 12 años y ahora diputado en la Asamblea de Madrid. Está acusado de presunta prevaricación al haber pagado a la empresa Cuadrifolio, tres días antes de los comicios de 2007, 101.000 euros por el alquiler de unas carpas, sin informes de intervención preceptivos.
Acoso en Fuenlabrada
El director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que dirige el socialista Manuel Robles, otro «hombre fuerte» del PSOE madrileño, instaló una cámara oculta en una sala en la que trabajaban cuatro funcionarios que habían interpuesto denuncias por acoso, insultos y traslados forzosos. Ni Ferraz ni su Dirección Regional han iniciado una investigación interna.
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Editorial de "El Periodico"
La situación del ministro de Justicia es ya insostenible y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debería tener la suficiente lucidez para darse cuenta. El episodio de la cacería en Jaén, unido a la incapacidad manifiesta de Fernández Bermejo para abordar la reforma de la justicia, solo puede desgastar a un Gobierno que debería concentrarse en luchar contra la crisis.
Al participar en una cacería junto al juez Baltasar Garzón y al jefe de la policía judicial, Juan Antonio González, Mariano Fernández Bermejo cometió un error gravísimo porque su presencia en actividades cinegéticas en las fincas de Andújar y Torres (Jaén) daba pie a la teoría de que existe una estrecha relación entre un ministro del Gobierno, el juez que instruye un caso de corrupción que afecta al principal partido de la oposición y el responsable policial de las investigaciones. El titular de Justicia dejaba así un enorme flanco a quienes a diario abonan la tesis de que en España no existe una verdadera división de poderes y que es el Ejecutivo el que instrumentaliza a los jueces.
Eso sería suficiente motivo para que el ministro presentara sin más dilación su renuncia o para que el presidente le destituya. Pero hay más. En el terreno de la estética --muy importante, pese a quienes solo quieren ver los comportamientos humanos de los dirigentes políticos como meras anécdotas--, que el ministro participe en una cacería que cuesta mil euros diarios --en Torres fue invitado, pero en Andújar pagó-- demuestra una total falta de sensibilidad ante una ciudadanía angustiada por la crisis y que confía mayoritariamente en medidas de corte socialdemócrata para remontarla. La imagen de Fernández Bermejo abatiendo venados a precio de oro desde un puesto que le concede todas las ventajas sobre el animal es la metáfora del político que vive de espaldas a una realidad sangrante. leer el articulo completo>>>>>>>>
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