Por si no había suficientes puntos oscuros en el caso del chivatazo a ETA que el Gobierno se empeña en cerrar cuanto antes, el inspector que investigaba la operación ha hablado alto y claro.
El inspector de Policía que dirigió al equipo que investigó el "caso chivatazo" se ha defendido de las acusaciones que le sitúan como hipotético autor de la delación a Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán donde se entregaban los pagos del llamado impuesto revolucionario de ETA. El responsable policial asegura que en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, se encontraba reunido con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, que dirigía la operación contra ese aparato de financiación.
dice el inspector por medio de un documento firmado ante notario y difundido a los medios de comunicación.
El inspector que dirigió al equipo
que investigó el Caso Faisán se
defendió alegando que cuando se
produjo el chivatazo estaba con
el juez Grande-Marlaska.
En su declaración, el inspector muestra su sorpresa porque "sólo unos meses después de que se conformase el equipo hispano francés que investigaría el aparato de extorsión de ETA dos policías, de forma canallesca y servil, colaborarían con los terroristas para reventar una operación que se venía investigando desde 2004 por mi Sección y que iba a culminar ese día pillándoles con las manos en la masa después de tantos meses de esfuerzo y dedicación".
La cámara sí funcionaba
También niega que la cámara que grababa el Bar Faisán dejase de funcionar justo el día en el que se produjo el chivatazo. "Quizá lo dicen porque tampoco saben que la cinta de ese día, con las imágenes, se remitió íntegra al Juzgado y así consta en el procedimiento, y que precisamente nos basamos en ella para fijar alguno de los criterios de investigación, como así consta también en los informes policiales remitidos al Juzgado". La Fiscalía, en su escrito de petición de archivo de la causa, explicaba que el bar contaba con dos entradas y que la cámara tan solo enfocaba a la entrada principal.
A la hora de ofrecer estas explicaciones, el inspector (que se autodefine como una "víctima") se refiere a la imposibilidad de revelar datos de la investigación, pero hace una excepción a la hora de exculpar al comisario Manuel Risco. "Nuestra investigación determinó que Manolo no había tenido absolutamente nada que ver con la delación siendo una víctima más de quien sí la hizo (lo mismo me procesan ahora por revelar este secreto de nuestra investigación)", dice.
Críticas al fiscal y a los sindicatos
Agradece a sus compañeros así como a los jueces Grande-Marlaska y Baltasar Garzón su comportamiento en el caso mientras que acusa al fiscal encargado de no haber reunido nunca al equipo investigador y de omitir en el informe en el que el Ministerio Público solicitó el archivo de la causa informaciones "relevantes sobre las que no dice nada". También censura el comportamiento de los sindicatos a los que acusa de defender a los tres imputados por motivos corporativos y de llevar a cabo un "linchamiento público" contra los miembros del equipo de investigación.
Por estos motivos concluye el documento solicitando al juez Garzón que levante el secreto de sumario y que no archive el caso. "No permita que quede sobre nosotros la sombra de la duda, nuestro honor y futuro profesional está en juego", solicita al tiempo que plantea una serie de preguntas a los miembros de la policía en las que justifica su inocencia.
También explica que fue su equipo el que "escuchó, transcribió y grabó ese día la baliza del coche de Elosúa en cuyo interior se produjo la conversación que reveló el chivatazo. ¿Alguien medianamente sensato puede de verdad creer que nosotros mismos (si fuéramos autores del chivatazo) informaríamos al jefe de la Unidad de la Comisaría General de Información de los acontecimientos y audio al juez Marlaska?. ¿No hubiera sido más fácil omitirla dado que teníamos los medios para ello?".
Luces y sombras del Caso Faisán
Estas reflexiones se producen 19 días después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiese al juez Baltasar Garzón que archive la causa al no encontrar pruebas de que fuera ordenada por el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo.
En un escrito remitido al juez el pasado 1 de octubre, el fiscal Carlos Bautista solicita el "sobreseimiento" provisional de la causa, que estuvo secreta hasta el pasado domingo, al considerar que no existen datos que demuestren "de forma inexorable" la tesis de los investigadores, según la cual García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que un responsable policial del País Vasco realizó a un inspector de Álava.
Rubalcaba, pillado en falta
Mientras tanto, el portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso acusó este lunes al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de haber mentido en sede parlamentaria sobre la condecoración a uno de los policías implicados en Faisán y afirmó que es algo que resulta inadmisible en una democracia parlamentaria como la española.
Ignació Cosidó se refirió así a la respuesta que Rubalcaba dio en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, cuando justificó la concesión de la máxima distinción policial al inspector que había dirigido la frustrada investigación sobre el Caso Faisán por su participación en otra operación policial destinada al esclarecimiento de 100 kilos de cocaína en la Comisaría de Sevilla.
Cosidó sacó a relucir que, comprobadas las fechas, se observa que la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo a este inspector fue otorgada en 2006, mucho antes de que el robo de la droga hubiera sido detectado.
La impresión que queda tras este embrollo es que Rubalcaba premió a este policía con una Cruz con distintivo Rojo supuestamente por haber dado el chivatazo a ETA siguiendo instrucciones políticas del entorno del propio ministro y no por ninguna operación contra el tráfico de drogas, destacó el portavoz del PP.
