Joaquin Leguina ha escrito un articulo, que a mi parecer, y al de muchos, es de un sentido común apabullante, sobre todo viniendo de alguien de la izquierda, algo que no es habitual encontrar en gente del gobierno de Zapatero, unos extremistas que rozan el fascismo.
No dejéis de leerlo, es estupendo, y es la realidad. Y lo mas propio es que lo lea Zapatero, el culpable de esta movida.
Gracias Luz, por haber colgado este articulo en tu hilo
El escaso desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y el procesamiento contra el juez Garzón dividen a la sociedad española. Pero no hay que dejarse confundir por ideas sectarias y maniqueas
Todo ser humano -héroe o villano, decente o criminal- tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto.
Esa demanda, la del duelo, se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas dejadas en campos y cunetas por la represión franquista. Han sido los nietos de los muertos quienes han reclamado -y reclaman- un entierro decente para sus abuelos. Este era -a mi juicio- el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplir esta ley desde que se aprobó? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco. Quizá por eso algunos deudos fueron a llamar a la puerta de Baltasar Garzón, quien, creyéndose competente para el caso, acabó por meterse en un lío de incierto destino.
Mas, sea como sea, este barullo judicial ha servido para colar algunos mensajes de muy dudosa calidad.
Mensaje nº 1: La Ley de Amnistía -como toda la Transición- fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.
Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.
El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso -y sólo para eso- se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas del Derecho Penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad. Normas éstas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.
En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la Humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de Derecho Internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los Estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la ley española de amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.
Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa Corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido -permitido- las autoridades republicanas.
En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida "limpieza étnica".
Y aquí llega el segundo mensaje perverso:
Mensaje nº 2: Los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron "honrados" y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser "honrados" -y sus asesinos juzgados- son los represaliados por el franquismo.
Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos -todos- sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por ser (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas...) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por ser (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista...) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: ¡Nunca más!
Mensaje nº 3: Todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.
Los ganadores de la guerra civil sostuvieron durante los años de la dictadura que "sus" muertos (1936-1939) en el frente o bajo la represión en los territorios fieles al Gobierno republicano eran "mártires de la Cruzada", afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda.
Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron "héroes de la Democracia".
Esta es, también, una afirmación sectaria, y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.
Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana -nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará- representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo. Y esa novela me lleva a un personaje -ligado a la UGT y al PSOE- que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la guerra civil como jefe de una de las Brigadas del Amanecer que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en "represión revolucionaria" y montaron, por ejemplo, una checa en el Cine Europa de la calle Bravo Murillo desde donde salían a dar paseos nocturnos y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas -muy contentas de exhibirse armadas por la retaguardia y de no pisar el frente- aparecían de madrugada en los domicilios de la gente "de derechas" para dar el paseo a sus moradores y, de paso, "requisar" en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquella casas.
Según se cuenta, Indalecio Prieto -que era ministro de la Guerra- dio la orden de detener al "compañero" García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en Canarias y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.
Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano y ahora podrían ser exhumados... ¿Con honores?
¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra... Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva "revolucionaria". En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada... "Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz", ¿recuerdan?
En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual "el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas" (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.
Mensaje nº 4: La derecha española es heredera y añorante del franquismo.
¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad, son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.
Mas debo decir, para concluir, que somos muchos los que -hartos de simplificaciones- nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.
Joaquín Leguina
http://www.elpais.com/articulo/opini...pepiopi_12/Tes
Se podra decir con otra boca, con otro acento, mas alto, mas bajo pero....
Mas Claro, NO!!!
Consideramos que
1.- Los derechos de autor no son más que el argumento esgrimido por el gobierno para instaurar la censura y liquidar la libertad de expresión. No estamos en una batalla contra los creadores sino en una lucha por la defensa de nuestras libertades y derechos civiles.
2.- Los derechos de autor y propiedad intelectual no pueden vulnerar en ningún caso derechos fundamentales de los ciudadanos ni se puede admitir que en su nombre se liquide la Justicia.
3.- La libertad de expresión o información no puede, en una sociedad abierta, quedar en manos de una comisión administrativa que decida qué blogs/webs tienen derecho a existir y cuáles no. Y tal es la medida que el gobierno ha introducido en el despojo legal llamado “Ley de Economía Sostenible”, al articular la Sección Segunda (SS), que será una comisión formada por personas designadas por políticos que decidirá qué contenidos son admisibles y cuáles no.
4.- Un aumento de la libertad en el intercambio de información nunca podrá ser alcanzado por vías políticas, sino por el desarrollo de nuevas técnicas de comunicación. Internet ofrece por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de comunicar de ciudadano a ciudadano de forma multimedial. De esta manera los propietarios de los medios de comunicación tradicionales -claramente influenciables por lobbies políticos y/ó gubernamentales- pierden su posición de monopolistas y “guardianes” de la información. Los periodistas profesionales han de hacer frente a la competencia nacida en internet, la cual ya es herramienta efectiva a la hora de verificar la veracidad de las afirmaciones periodísticas.
Entendemos que desde la Ley de Economía Sostenible se pretende, sobre todo, salvaguardar los derechos y privilegios de quienes de forma tradicional han contribuído al establecimiento de vías políticamente adecuadas a sus propios intereses y no al servicio de la veracidad informativa.
5.- Los enlaces en ningún caso constituyen un delito, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones los tribunales españoles y existe un derecho a copia privada que desde el gobierno, sometido y entregado a lobbies de presión, se quiere criminalizar. Los internautas son “piratas”, se afirma desde el poder y sus terminales mediáticas.
6.- El intercambio libre y voluntario de archivos (como de libros o de discos) no sólo no es un delito, sino que tipificarlo como tal es un atentado contra la libertad de los ciudadanos.
7.- Como se afirmaba en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por cientos de miles de ciudadanos, “intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo”.
8.- El modelo propuesto por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevará, por el cada vez mayor desapego de los ciudadanos hacia ellos y lo que a día de hoy representan, a la ruina a unos creadores, cuyo derecho de creación vulnera esta ley, engañados por sus cada vez más acaudaladas entidades de gestión. Además, al introducir inseguridad jurídica, resultará notablemente dañina entre los empresarios del sector.
Por todo ello
1.- Exigimos la inmediata retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible y la dimisión de las ministras responsables de la comisión de este atentado contra la libertad de los ciudadanos, Elena Salgado y Ángeles González-Sinde.
2.- Así mismo exigimos la inmediata retirada del canon digital, por criminalizar a los ciudadanos presuponiendo que van a cometer un delito e imponiendo un impuesto, otro más, sobre la población para así mantener a los privilegiados por la casta política.
3.- Que se modifique la legislación para que las entidades de gestión de derechos de autor dejen de poder ejercer presiones intolerables sobre los ciudadanos y que se auditen de forma inmediata las cuentas de todas estas entidades.
4.- Animamos a los ciudadanos a difundir este manifiesto por cualesquiera medios estén a su alcance y a darle la máxima difusión a nivel nacional e internacional, así como a colaborar en cualquier iniciativa puesta en marcha en contra de la “Ley de Economía Sostenible”.