jueves 19 de mayo de 2011
El PSOE juega a capitalizar la rebelión social
LA IMAGEN de lo que sucedió ayer  en la Puerta del Sol   -y que recogemos en nuestra portada- queda  reflejada en la gran pancarta con el eslogan «La Junta Electoral no nos  va a parar» desplegada a muy pocos metros de los coches y efectivos de  una Policía Nacional que no intervino para impedir una manifestación  ilegal.
Horas antes, la Junta Electoral  había fallado que la convocatoria de la plataforma Democracia Real Ya  de una protesta contra el sistema en el centro de la capital era ilegal.  La Junta justificaba su fallo con dos argumentos: que los solicitantes  no habían respetado los plazos fijados por la Ley Electoral y que el  acto podía perturbar el desarrollo de la campaña electoral, influyendo  sobre el voto de los ciudadanos.    La decisión de la Junta  es discutible por su rigor restrictivo del derecho de manifestación,  pero lo esencial no es eso. Lo esencial es que las resoluciones de los  órganos competentes deben ser respetadas y cumplidas en un Estado de  Derecho. Lo que sucedió ayer es que los manifestantes desobedecieron una  obligación legal y, peor aún, que el Ministerio de Interior lo  consintió. La Policía tenía que haber impedido el acceso a la plaza,  pero no lo hizo. Se limitó a informar a las personas que llegaban a la  Puerta del Sol de que el acto era ilegal -todo un sarcasmo-, pero en  ningún momento cortó el paso ni hizo amago de intervenir o de pedir a  los manifestantes que se fueran.
    Es cierto que hubiera  sido una temeridad recurrir al uso de la fuerza cuando la plaza estaba  llena, pero hay muchas maneras de impedir una manifestación y el  Ministerio de Interior no hizo nada para ejecutar el mandato legal de la  Junta Electoral.
    Visto como se desarrollaron los  acontecimientos, parece claro que el Gobierno no quería realizar ningún  gesto que molestara a los jóvenes que han salido a la calle para  protestar contra los políticos, los banqueros,  el paro y la crisis. Y  ello porque todo indica que Zapatero y los dirigentes socialistas creen  que van a poder capitalizar políticamente ese descontento expresado  mayoritariamente por jóvenes que votan o tienen unas ideas cercanas a la  izquierda.
El propio presidente del  Gobierno pidió ayer el voto A SUS VÍCTIMAS , «los progresistas críticos»,  para «no regalar» la victoria al PP, en línea con otros dirigentes  socialistas como Patxi López, Tomás Gómez, José Antonio Griñán,   Valeriano Gómez, Trinidad Jiménez o Juan Alberto Belloch, que expresaron  su cercanía con el movimiento del 15-M.    Felipe González,  que comparó la Puerta del Sol con la plaza Tahrir de El Cairo, fue  todavía más lejos al hablar de «fenómeno interesantísimo» en el que no  caben «reacciones endogámicas o simplistas», mientras que Rodríguez  Ibarra juzgó sus peticiones «razonables» y afirmó que el mes se  recordará en el futuro no por el 1 de mayo sino por el 15.
  A  juzgar por todas estas declaraciones y expresiones de simpatía, es  evidente que el PSOE se hace la ilusión de que estos jóvenes podrían ser  potenciales votantes en la jornada del domingo o, al menos, engrosar su  electorado si Rajoy llega a gobernar.
    Nadie sabe cómo va a  terminar este movimiento juvenil ni qué influencia puede tener en estas  elecciones, pero lo que no es discutible es que las leyes están para  cumplirlas. En esa medida, el Ministerio de Interior tiene la obligación  legal de desalojar la Puerta del Sol y hacer que las resoluciones de la  Junta Electoral se cumplan. Máxime cuando los manifestantes, crecidos  por su éxito, convocaron anoche otro acto para la jornada de reflexión,  argumentando que a ellos no les afecta ese imperativo legal. Ello  suscita un inquietante paralelismo con lo que sucedió en la víspera de  las elecciones de 2004 con las protestas ante las sedes del PP.  Ese  lamentable espectáculo no debería volver a repetirse.
    El  PSOE está jugando con fuego porque cree que este movimiento dejará de  ser antisistema para convertirse en anti-PP el día en que Rajoy llegue a  La Moncloa

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