José Antonio Zarzalejos - 10/04/2010
Mariano Rajoy tiene sus tiempos y sus formas de hacer que responden a su propia idiosincrasia, a la situación interna de su partido en el que la convivencia pacífica entre distintas familias y corrientes es precaria y en cuyo seno no ha alcanzado aún la legitimación precisa para comportarse de manera distinta. La tendrá cuando gane las elecciones generales de 2012. Si, como sería higiénico para la democracia, lo logra.
De ahí que sea cauto y ejerza lo que los anglosajones denominan un soft power, es decir, un poder blando–sin estridencias ni sobreexposiciones personales- para lograr objetivos complejos. Era complejo que Jaume Matas dejase de ser militante del PP. Rajoy logró, sin embargo, que la decisión la tomase el propio ex presidente balear sin imponérselo de manera pública; antes, el presidente nacional del partido, había ido distribuyendo a cada cual sus responsabilidades –en el ámbito autonómico a las respectivas ejecutivas y en el nacional al Comité de Garantías— para ajustar la organización a las demandas de transparencia y limpieza tras conocerse la trama de Francisco Correa.
Así ha actuado también con Luis Bárcenas, ya ex tesorero del PP, y con el diputado Merino. Rajoy no se ha desgastado, aunque haya reaccionado con menos premura de la deseada, con el fin de que ambos militantes dejen de serlo por propia aparente voluntad. Él ha completado la operación recuperando el control de la tesorería del partido entregándosela a Romay Becaría, hombre de su total confianza y respetado en la organización, quien complementará las medidas sobre su antecesor: es seguro que se le retirará el despacho y dejarán de abonarse los honorarios a sus abogados.
En estas horas, se negocia que Luis Bárcenas salga del Grupo Popular en el Senado, asunto peliagudo porque los escaños no son de los partidos sino de los electos que, cuando están en trances judiciales, se pegan al asiento para no perder su aforamiento. El liderazgo de Pío Garcia Escudero en el Senado es una garantía de coordinación con la dirección nacional del PP y de la solvencia de los comportamientos del grupo popular en la Cámara Alta.
La tenaza del PSOE y del Gobierno
De modo que Mariano Rajoy está resolviendo de manera razonable –la única posible sin que crujan las cuadernas del partido— la crisis muy profunda que ha provocado el caso Gürtel, que impacta en dos autonomías estratégicas: Madrid y Comunidad Valenciana. Mientras Aguirre trata de dar cara a la situación con distinta suerte en el empeño –habla demasiado y aumenta así el riesgo de confundirse-, Camps está literalmente hundido sostenido sólo por la inquebrantable moral de Rita Barberá. Rajoy sabe que no puede apretar más las tuercas ni en la Puerta del Sol matritense ni en la valenciana Generalitat, por más que en ambas fuera preciso hacer una mayor limpieza.
De ahí que sea cauto y ejerza lo que los anglosajones denominan un soft power, es decir, un poder blando–sin estridencias ni sobreexposiciones personales- para lograr objetivos complejos. Era complejo que Jaume Matas dejase de ser militante del PP. Rajoy logró, sin embargo, que la decisión la tomase el propio ex presidente balear sin imponérselo de manera pública; antes, el presidente nacional del partido, había ido distribuyendo a cada cual sus responsabilidades –en el ámbito autonómico a las respectivas ejecutivas y en el nacional al Comité de Garantías— para ajustar la organización a las demandas de transparencia y limpieza tras conocerse la trama de Francisco Correa.
Así ha actuado también con Luis Bárcenas, ya ex tesorero del PP, y con el diputado Merino. Rajoy no se ha desgastado, aunque haya reaccionado con menos premura de la deseada, con el fin de que ambos militantes dejen de serlo por propia aparente voluntad. Él ha completado la operación recuperando el control de la tesorería del partido entregándosela a Romay Becaría, hombre de su total confianza y respetado en la organización, quien complementará las medidas sobre su antecesor: es seguro que se le retirará el despacho y dejarán de abonarse los honorarios a sus abogados.
En estas horas, se negocia que Luis Bárcenas salga del Grupo Popular en el Senado, asunto peliagudo porque los escaños no son de los partidos sino de los electos que, cuando están en trances judiciales, se pegan al asiento para no perder su aforamiento. El liderazgo de Pío Garcia Escudero en el Senado es una garantía de coordinación con la dirección nacional del PP y de la solvencia de los comportamientos del grupo popular en la Cámara Alta.
La tenaza del PSOE y del Gobierno
De modo que Mariano Rajoy está resolviendo de manera razonable –la única posible sin que crujan las cuadernas del partido— la crisis muy profunda que ha provocado el caso Gürtel, que impacta en dos autonomías estratégicas: Madrid y Comunidad Valenciana. Mientras Aguirre trata de dar cara a la situación con distinta suerte en el empeño –habla demasiado y aumenta así el riesgo de confundirse-, Camps está literalmente hundido sostenido sólo por la inquebrantable moral de Rita Barberá. Rajoy sabe que no puede apretar más las tuercas ni en la Puerta del Sol matritense ni en la valenciana Generalitat, por más que en ambas fuera preciso hacer una mayor limpieza.
En la dirección nacional del PP ya tienen información de que el PSOE y el Gobierno, con la correspondiente distribución de papeles, han planteado una ofensiva en toda regla. Los socialistas madrileños van a reclamar la imputación de más de cuarenta cargos políticos y administrativos de la Comunidad, incluyendo al vicepresidente Ignacio González, por su presunta participación en el favorecimiento a la trama Gürtel –por ejemplo, mediante el troceamiento de contratos para su adjudicación directa—; y los valencianos están a la espera de que el recurso contra el archivo de la causa en el Tribunal Superior prospere ante el Supremo y se reabra el caso contra Camps, lo que les permitiría presentar también otra batería de petición de imputaciones de distintos cargos gubernamentales y funcionariales en aquella autonomía. Pretenden desarbolar a Aguirre y a Camps.
La mascletá del Gobierno
Esta ofensiva la complementa el Gobierno con una mascletá de medidas socio-económicas diferidas en el tiempo –el coche eléctrico o el plan de 17.000 millones para concesiones en ferrocarril y carreteras, a computar en las cuentas públicas a partir de 2014— que ofrecen la sensación de laboriosidad política ante la recesión que, sin embargo, camina a paso largo y decidido hacia una mayor profundidad (desempleo, déficit, ahorro familiar disparado) como casi unánimemente pronostican todos los servicios de estudios de entidades solventes que esperan que el PIB caiga más de lo previsto por el Gobierno en 2010 y crezca menos en 2011. Por otra parte, un insuficiente y recortado Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, es el muy canijo resultado de las conversaciones de Zurbano.
Pero, haciéndose acompañar de la clase empresarial –qué remedio le queda— y de algunos grupos de la oposición, Zapatero ha conseguido desde el regreso de las vacaciones de Semana Santa dos o tres fotografías de cierto valor, mientras el PP navegaba en las procelosas aguas de la zafia trama de Gürtel.
Rajoy, con el ejercicio de este poder blando, trata de cohonestar y componer dos fuerzas que contraen al partido: las de la opinión pública con requerimientos de naturaleza cívica y democrática que hay que atender, y las del Ejecutivo de Zapatero y del PSOE que olfatean la oportunidad de lesionar al PP antes de las elecciones autonómicas y locales de 2011 para que sus opciones disminuyan.
Escenario crítico para Zapatero
A mayor abundamiento, el Gobierno y el PSOE son conscientes de que deben prolongar la judicialización del caso Gürtel para paliar –si ello fuese posible— una muy probable sentencia del Tribunal Constitucional que planteará con seguridad una “crisis social y política” que al propio Ernest Benach, presidente del Parlamento catalán, dice le “horroriza”. Si Rajoy pierde el equilibrio por una precipitación, por una palabra mal dicha, por una descompensación que le haga perder ecuanimidad entre los distintos criterios que conviven en la organización que preside, los socialistas habrían obtenido una victoria.
Obviamente, nunca el soft power ha entusiasmado, enardecido o henchido de satisfacción a las militancias partidarias. Pero en ocasiones –y esta es una de ellas—constituye un comportamiento adecuado. Y obtiene resultados: los principales implicados, aún presuntos, en la trama de Correa, no son ya militantes del PP. Y poco a poco habrá que ir segregándoles por completo de cualquier contacto con el partido. Pero todo eso debe producirse en un contexto de desgaste que el Gobierno y el PSOE pretende sea abrasivo para los populares.
Es claro que en el caso Gürtel no cabe excusa alguna, pero la corrupción de unos no puede velar el escenario crítico en el que el Gobierno, por propia torpeza, debe desenvolverse: sigue la recesión, la tensión política con Cataluña alcanzará cotas quizás desconocidas en las últimas décadas, el Tribunal Constitucional está definitivamente tocado en su credibilidad y el magistrado Baltasar Garzón, a un paso de la suspensión y el banquillo. De ahí que los socialistas hayan tirado de manual: la mejor defensa es un ataque.
fuente: http://www.elconfidencial.com/
La mascletá del Gobierno
Esta ofensiva la complementa el Gobierno con una mascletá de medidas socio-económicas diferidas en el tiempo –el coche eléctrico o el plan de 17.000 millones para concesiones en ferrocarril y carreteras, a computar en las cuentas públicas a partir de 2014— que ofrecen la sensación de laboriosidad política ante la recesión que, sin embargo, camina a paso largo y decidido hacia una mayor profundidad (desempleo, déficit, ahorro familiar disparado) como casi unánimemente pronostican todos los servicios de estudios de entidades solventes que esperan que el PIB caiga más de lo previsto por el Gobierno en 2010 y crezca menos en 2011. Por otra parte, un insuficiente y recortado Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, es el muy canijo resultado de las conversaciones de Zurbano.
Pero, haciéndose acompañar de la clase empresarial –qué remedio le queda— y de algunos grupos de la oposición, Zapatero ha conseguido desde el regreso de las vacaciones de Semana Santa dos o tres fotografías de cierto valor, mientras el PP navegaba en las procelosas aguas de la zafia trama de Gürtel.
Rajoy, con el ejercicio de este poder blando, trata de cohonestar y componer dos fuerzas que contraen al partido: las de la opinión pública con requerimientos de naturaleza cívica y democrática que hay que atender, y las del Ejecutivo de Zapatero y del PSOE que olfatean la oportunidad de lesionar al PP antes de las elecciones autonómicas y locales de 2011 para que sus opciones disminuyan.
Escenario crítico para Zapatero
A mayor abundamiento, el Gobierno y el PSOE son conscientes de que deben prolongar la judicialización del caso Gürtel para paliar –si ello fuese posible— una muy probable sentencia del Tribunal Constitucional que planteará con seguridad una “crisis social y política” que al propio Ernest Benach, presidente del Parlamento catalán, dice le “horroriza”. Si Rajoy pierde el equilibrio por una precipitación, por una palabra mal dicha, por una descompensación que le haga perder ecuanimidad entre los distintos criterios que conviven en la organización que preside, los socialistas habrían obtenido una victoria.
Obviamente, nunca el soft power ha entusiasmado, enardecido o henchido de satisfacción a las militancias partidarias. Pero en ocasiones –y esta es una de ellas—constituye un comportamiento adecuado. Y obtiene resultados: los principales implicados, aún presuntos, en la trama de Correa, no son ya militantes del PP. Y poco a poco habrá que ir segregándoles por completo de cualquier contacto con el partido. Pero todo eso debe producirse en un contexto de desgaste que el Gobierno y el PSOE pretende sea abrasivo para los populares.
Es claro que en el caso Gürtel no cabe excusa alguna, pero la corrupción de unos no puede velar el escenario crítico en el que el Gobierno, por propia torpeza, debe desenvolverse: sigue la recesión, la tensión política con Cataluña alcanzará cotas quizás desconocidas en las últimas décadas, el Tribunal Constitucional está definitivamente tocado en su credibilidad y el magistrado Baltasar Garzón, a un paso de la suspensión y el banquillo. De ahí que los socialistas hayan tirado de manual: la mejor defensa es un ataque.
fuente: http://www.elconfidencial.com/
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