EN EL OJO DEL HURACÁN

El PP hace mella en el PSOE andaluz con unas cintas comprometedoras

El Semanal Digital

Lo que ha trascendido hasta ahora del escándalo del "Caso Mercasevilla" podría ser sólo la punta del iceberg de una presunta financiación ilegal de la que el ministro estaría al tanto.
Son la prueba definitiva de la impunidad con la que actuaban los responsables de Mercasevilla, la empresa del Ayuntamiento de Sevilla (dependiente, por tanto, del PSOE y de IU) que está en el ojo del huracán por un presunto caso de cobro de comisiones ilegales. El Partido Popular puso este martes sobre la mesa las grabaciones que demuestran los atropellos que allí se cometían y que la Fiscalía ha comenzado a investigar sólo después de que el escándalo saltara a los medios de comunicación.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, presentaron públicamente las cintas de las conversaciones que grabaron dos empresarios para demostrar que los directivos de Mercasevilla les solicitaron una comisión de 300.000 euros para la Junta y el pago de otros 150.000 como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de la empresa pública.
En las conversaciones, a las que ha tenido acceso el PP por estar personado en la causa, intervienen -además de los empresarios del Grupo La Raza- el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y el ex director adjunto de la empresa, Daniel Ponce, ambos imputados por presuntos delitos de cohecho, fraude de funcionario público y prevaricación.
Para el vicesecretario de Comunicación del PP, estos audios ponen de manifiesto que ante "indicios probatorios similares" la Fiscalía y la Policía pueden actuar "a cien por hora cuando es el PP y quedarse quietos cuando es el PSOE". González Pons ha resumido así el caso Mercasevilla: "Dos políticos socialistas en Andalucía después de haber intentado cobrar comisiones de unos empresarios son grabados por estos y en las grabaciones no sólo piden dinero para la Junta de Andalucía, sino que además explican que es práctica habitual cobrar comisiones de todas las subvenciones que otorga la Junta".
Los empresarios enviaron las cintas a un consejero de la Junta que las remitió al fiscal, quien, según vienen denunciando los populares, las tuvo durante meses en un cajón hasta que se publicó la noticia, el PP presentó una denuncia y se inició un procedimiento judicial. "La actitud del fiscal y de la policía ha sido de brazos caídos (...). No hay detenidos, no hay esposados, ni prisiones preventivas", y uno de los cargos públicos imputados sigue en su puesto, subrayó González Pons.
A juicio del PP no hay duda de que el PSOE "estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta e incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas", en palabras del vicesecretario de Comunicación y tras escuchar las grabaciones. Los populares tampoco dudan de que el entonces presidente de la Junta y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, "estaba informado al dedillo del tema desde el primer momento" -según Zoido- porque la persona que entregó las cintas a la Junta es un hombre de su círculo más próximo.
De hecho, en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso del curso -la de este miércoles- Chaves tendrá que enfrentarse al peliagudo asunto. El diputado popular Ricardo Tarno formulará al ministro de Política Territorial la siguiente pregunta: "¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno de la nación, tras conocerse la imputación por delito de cohecho del director general de Mercasevilla, empresa participada por Mercasa?". No hay que olvidar que éste es el segundo escándalo al que se enfrenta Chávez en sólo meses, después de la suculenta subvención que otorgó a la empresa de su hija Paula.

Los populares no están dispuestos a dejar morir el Caso Mercasevilla. El líder del PP-A, Javier Arenas, anunció este martes que su partido volverá a pedir que se abra una comisión de investigación al respecto en el Parlamento andaluz porque están saliendo "nuevos datos". La formación ya lo hizo una primera vez antes de las vacaciones, pero la mayoría socialista tumbó la propuesta.