Puesto a elegir el arranque de este comentario, me decido por la salida a la calle del barómetro del CIS del mes de abril, que suscitó –como suele ocurrir en España– un gran debate sobre naderías.
En efecto, el PP puso el grito en el cielo porque se le otorgaba una ventaja electoral sobre el PSOE de tan sólo 1,5 puntos, aunque –para decirlo todo– ese dato no aparece por lado alguno en la encuesta, sino que es el resultado de un manejo posterior, al que llaman cocina. Así que, de momento, dejemos reposar ese caldo y vayamos al meollo de la encuesta, que, a mi juicio, distaba mucho de ser optimista acerca de la situación política del país.
El 63,4 por ciento de los encuestados considera que la situación política en España es mala o muy mala y el 52,2 por ciento califica de igual forma la gestión que está haciendo el Gobierno, frente a un bajísimo 9,2 por ciento que piensa que la gestión gubernamental es buena o muy buena... y ¡ojo! La encuesta está hecha antes del tijeretazo realizado por ZP el 12 de mayo sin avisar y sin anestesia.
Esa sensación de desamparo general se detecta también a la hora de poner nota a los líderes: 3,7 para el presidente del Gobierno y suspenso general para sus ministros. Claro que a los de la oposición no les va mejor: 3,1 para Rajoy, y ninguno de los otros sometidos a examen –desde Cayo Lara a Rosa Díez pasando por Urkullu o Durán y Lleida– llega, ni de lejos, al aprobado, ni siquiera al 4.
Como suele ser habitual, los encuestados inclinan más sus preferencias por la izquierda (38 por ciento) que por la derecha (14,3 por ciento), y esa deriva izquierdista ex-plica, al menos, dos cosas: el escaso aprecio de los encuestados hacia el PP (el 59,6 por ciento cree que es mala o muy mala su labor opositora) y también influye a la hora de expresar a quién votarían si "mañana hubiera elecciones", por eso el PSOE (24,5 por ciento) sigue superando al PP (22,8 por ciento) en intención directa de voto... pero todos los analistas saben que esa declaración directa vale más bien poco y esa poca valía se comprueba al preguntarle al personal a quién votó en 2008: el 51,4 por ciento (sobre voto válido) dice haber votado al PSOE (que hubiera tenido así una cómoda mayoría absoluta que no obtuvo) y tan sólo el 34,7 por ciento al PP. En el recuerdo de voto hay, por lo tanto, una sobrestimación del voto PSOE (del 17,1 por ciento) y una apreciable subestimación del voto PP (del 13,0 por ciento). Vamos, que mienten como bellacos y es de esa mentira de donde se pretende sacar la verdad mediante cocina.
Hagamos nosotros también un ensayo. Si se aplicaran los coeficientes correctores –detectados en el recuerdo de voto– sobre la intención de voto se obtendría un "voto corregido" que nos daría una estimación del futuro voto válido: el 42,9 por ciento para el PP y el 33,9 po ciento para el PSOE. Una diferencia a favor del PP de 9 puntos porcen tuales... pero eso es mucho decir, aunque los 1,5 puntos que le atribuye de ventaja el CIS al PP tampoco van a misa, pues cabe preguntarse: ¿con qué algoritmo ha cocinado el CIS para suministrar semejante resultado? En cualquier caso, me temo que, tras el día de la poda, las cosas para el PSOE no habrán dejado de empeorar.
Por otro lado, los encuestados parecen ser más sinceros cuando se les pregunta: ¿Quién cree que ganará las próximas elecciones? El 49,3 por ciento cree que ganará el PP frente a un 23,7 por ciento que cree ganador al PSOE... y eso ya no era ruido, eran nueces, pero la encuesta se olvidaría pronto, pues el miércoles siguiente (12 de mayo), tras un fin de semana de teléfonos amenazantes, Zapatero soltó la bomba en el Congreso de los Diputados anunciando:
-Bajada media del 5 por ciento en las retribuciones del personal del sector público.
-Eliminación en 2011 del cheque bebé.
-Rebaja del salario de los miembros del Gobierno en un 15 por ciento.
-Suspensión a partir de 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas.
-Eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial.
-Reducción en 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal.
-Recorte de 600 millones en ayuda al desarrollo.
-Reducción del gasto farmacéutico.
-Y recorte de 1.200 millones de euros en los gastos de las autonomías.
-Bajada media del 5 por ciento en las retribuciones del personal del sector público.
-Eliminación en 2011 del cheque bebé.
-Rebaja del salario de los miembros del Gobierno en un 15 por ciento.
-Suspensión a partir de 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas.
-Eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial.
-Reducción en 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal.
-Recorte de 600 millones en ayuda al desarrollo.
-Reducción del gasto farmacéutico.
-Y recorte de 1.200 millones de euros en los gastos de las autonomías.
Vamos, que "donde dije digo, digo Diego", pero, claro, articular estas medidas exigirá el correspondiente apoyo en las Cortes y cabe preguntarse: ¿cuenta el Gobierno con los votos suficientes? ¿Ha habladopreviamente con algún grupo parlamentario? ¿Alguien se imagina a CiU, al PNV o a ERC votando a favor de la congelación de las pensiones?
A la evidencia de unos presupuestos para 2010 que jamás se debieron aprobar como se aprobaron, el anuncio de Zapatero implica una rectificación en toda regla y, además, la ruptura de unos cuantos acuerdos previos y el ninguneo de pactos como el de Toledo.
Sea como sea, propios y extraños, tras oírle pronunciar su haraquiri político, nos quedamos con la boca abierta ante tan desmedido anuncio y, naturalmente, se oyeron de inmediato voces airadas (más tímidas dentro y más sonoras fuera del PSOE), voces que reclamaban aquello tan repetido (yo se lo he escuchado varias veces a José Blanco): "que paguen los ricos".
Mi propio hijo -que en esto de la economía, las finanzas y los impuestos es algo lego- me insistía: "¿Por qué el Gobierno no sube los impuestos a los que más dinero tienen?" He aquí la respuesta que yo le di: El Gobierno no sube los impuestos a esas gentes porque no quiere (y algunas razones tiene para ello), pero, además, porque no sabe quiénes son esos ricos. Te recuerdo, al respecto, que fue este Gobierno el que se cargó el impuesto sobre el patrimonio en aquellos felices tiempos en los cuales ZP nos dijo -tan alegre y dicharachero él- que "bajar los impuestos es de izquierdas".
En cualquier caso, si un Gobierno como éste -que no quiere tocar fiscalmente a las Sicav (detrás de esta sigla sí que hay muchos ricos)- se decide a subir la tarifa del IRPF a partir, por ejemplo, de los 50.000 euros anuales, pillaría a los de siempre, es decir, a los asalariados con buenos sueldos, pero ni a un solo rico ni a un rentista. Porque has de saber -y debes pregonarlo- que el IRPF sólo lo pagamos los asalariados. Una auténtica desvergüenza. En efecto, el 90 por ciento del total recaudado por el IRPF proviene de los bolsillos de los asalariados, quienes, sin embargo, sólo reciben el 45 por ciento de la renta nacional. Dado que el IRPF es el palo de ese pajar que llamamos sistema fiscal, no parece arriesgado asegurar que la fiscalidad está pidiendo a gritos una reforma... pero no es éste el mejor momento para afrontar una reforma así.
En fin, que nos tocará cargar con el mayor peso del recorte -si es que, al final, las Cortes dan el plácet-... y más si somos funcionarios. Lo cual, además, está bien visto por el populacho, a quien, previamente, se le ha lavado el cerebro con una caricatura (un funcionario es alguien detrás de una ventanilla, con cara de pocos amigos y unos manguitos puestos...), pero las personas que trabajan en el sector público no llevan manguitos y son, por ejemplo, todos los médicos, los enfermeros, los celadores... que nos curan en los hospitales, y también lo son los maestros y los profesores que dedican sus horas a desasnar a nuestros retoños. También los jueces, los policías, los inspectores de Hacienda o de Trabajo... Gentes que con su quehacer sostienen a las instituciones, mantienen en pie eso imprescindible que llamamos Estado... y, como ves, ésas son palabras mayores. •
Joaquín Leguina
Socialista, ex presidente de la Comunidad de Madrid, es asesor de Allende.
El pasado de Carla Bruni sigue siendo objeto de polémica. Aunque ahora se haya refinado y ya no se dedique a posar en paños menores, sus declaraciones han quedado para la posteridad. Según